Administración Pública en un escenario de Posconflicto

 La administración pública es una especialidad y una práctica profesional, que conlleva tener conocimiento y experiencia, debido a su complejidad y dinámica. Se apropia de la orientación del gobierno, las cuestiones públicas y de la gerencia estratégica de la política. Le corresponde la cimentación integral de la ciudadanía y, más específicamente, por lo que compete con la garantía y protección oportuna a nivel civil, político, social, económico, etc., para instaurar los derechos humanos. En líneas generales, hace referencia al desarrollo, a las protecciones para alcanzar el bienestar general y una sobresaliente adjudicación de las oportunidades, además del reconocimiento y caracterización de las poblaciones.

El cese del enfrentamiento armado en Colombia, no involucra la terminación de las causas del conflicto, la culminación del mismo presume la apertura de un nuevo período, que de no ser asimilado y atendido a tiempo, puede trascender, inclusive más lamentable que el anterior y establecer un conflicto social continuo en donde las secuelas de la guerra se tornan el motivo de las problemáticas sociales que vayan aconteciendo. De ahí la trascendencia de plantear que administración pública se necesita en un escenario de posconflicto en Colombia. Así pues, aunque simule una ilusión, el posconflicto es una certeza y proyecta una sucesión de inconvenientes que deben ser reconocidos y examinados punto por punto.

Se hace necesario resaltar que la institucionalidad de ningún modo ha sido competente para fomentar esos medios de cooperación y que indiscutiblemente el poder del miedo y la violencia armada, es un impedimento para la participación. Por estas causas, aun con la terminación del combate armado, si no se promueven reformas profundas de las circunstancias y acciones ciudadanas y si el Estado no se apropia que la acción de participación e intervención política es un derecho ciudadano y al mismo tiempo, que funciona para intervenir sobre las determinaciones y organismos públicos, no conseguirá asegurar de transformaciones de base. No se puede inferir que a menor violencia, inmediatamente, habrá mayor participación. No puede negarse, que sin conflicto, las circunstancias son más propicias, pero para que haya más y optima participación ciudadana, se necesita de ciudadanos conocedores de sus derechos e involucrados con lo público.

Dentro de este marco, el tipo de administración pública que se requiere implementar en el escenario de un proceso de paz, en este caso, para el contexto colombiano, un escenario de posconflicto, debe ser basada en políticas públicas efectivas que intervengan en la sociedad y de garantías que lo implementado es de alguna manera efectivo y va a traer ese cambio a la sociedad. Pero entonces, ¿de qué manera la administración pública podría diagnosticar, formular y ejecutar estas políticas públicas para sobrellevar un posconflicto? En estos escenarios es claro que no es posible hablar de política pública, si esta no queda incluida en una agenda pública, la cual esté priorizada estas políticas y le den la importancia demandada para ser formulada y ejecutada.

Siendo más específico, al hablar de políticas públicas es evidente que el principal actor promotor y ejecutor de estas acciones debe ser el gobierno central, departamental y/o municipal. Sin embargo, esto no implica que otros actores no puedan desempeñar también un rol relevante en la agenda de formulación, implementación, ejecución o evaluación; teniendo en cuenta la posibilidad que dichos actores conozcan más realidades de cerca, hayan tenido una mayor aproximación a las poblaciones que las entidades gubernamentales, principalmente en las problemáticas que estas presenten, las formas de intervenir en estos ámbitos y no solo la identificación, sino la caracterización de las poblaciones objeto de estas políticas.

Un representante importantísimo dentro de la administración pública para el caso de un posconflicto, teniendo en cuenta que el Estado es el actor principal de la política pública, son las diversas instancias no estatales como las organizaciones sociales, iniciativas ciudadanas, la academia y en tales casos, las instancias religiosas, pueden involucrarse como promotores, e incluso ejecutores, de éstas. No obstante, es preciso tener claro que la acción de otros actores de la sociedad civil no puede sustituir las funciones y responsabilidades que le caben a ciertas organizaciones estatales en el tema de posconflicto, y en efecto, este debe aportar bases sólidas para el fortalecimiento de la institucionalidad.

De manera adicional, esta participación debe ser abierta y pensada para la sostenibilidad de los procesos de construcción de paz emprendidos por las comunidades y poblaciones a las que van dirigidas las políticas, pues un objetivo adicional es hacer a estos grupos capaces de participar autónomamente en los ciclos de las políticas, evitar la dependencia de la acción de estos actores y promover sus propias formas de intervención.

Atendiendo a estas consideraciones, gestionar, formalizar o hacer administración pública para el posconflicto, exige de un extenso margen de gobernabilidad. Esta situación no obedece, únicamente de los conocimientos, las experiencias metodologías y estratégicas, los recursos de que se habiliten ni de las intenciones de política que se pretendan; también, son significativos concebir y establecer competencias y aptitudes para inducir credibilidad, con el propósito de agrupar y activar el ímpetu comunitario y político que integran la sociedad gobernada.